El Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre. La declaración exige identificar correctamente quién es titular de cada bien, qué reglas de valoración se aplican, qué deudas pueden restarse y qué exenciones proceden. En Canarias, la normativa autonómica y la estatal deben revisarse conjuntamente.