El fundamento inmediato es el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La ley aplica el principio de que quien contamina paga y exige a las entidades locales una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial pública no tributaria que sea específica, diferenciada y no deficitaria.
El instrumento debe reflejar el coste real, directo o indirecto, de recoger, transportar y tratar los residuos. La ley incluye también la vigilancia de esas operaciones, el mantenimiento y vigilancia posteriores al cierre de vertederos y las campañas de concienciación y comunicación. En la cuantificación deben considerarse los ingresos derivados de la responsabilidad ampliada del productor y de la venta de materiales y energía.
La regulación debe permitir implantar sistemas de pago por generación. La propia ley señala que las entidades locales pueden introducir diferenciaciones o reducciones por compostaje, separación y recogida selectiva, participación en puntos limpios y situaciones de riesgo de exclusión social. También contempla particularidades para viviendas de alquiler vacacional. Estas medidas deben concretarse en la ordenanza: no se aplican automáticamente por el solo hecho de que la ley las mencione.
El plazo de tres años empezó con la entrada en vigor de la Ley 7/2022, el 10 de abril de 2022, y venció el 10 de abril de 2025. Ese plazo explica la aprobación o actualización de muchas ordenanzas, aunque cada municipio debe justificar su propio sistema y sus importes.
Ejemplo práctico: un municipio aprueba una ordenanza que separa viviendas y locales, establece una parte fija y otra variable, y prevé una reducción para hogares que acreditan compostaje o uso habitual del punto limpio. La validez de cada elemento depende de su redacción, justificación y aplicación conforme a la ley.
Puntos de control: verifica que el recibo identifique el servicio de residuos; revisa si el instrumento es tasa o prestación no tributaria; consulta la ordenanza vigente; comprueba el sujeto obligado, la base de reparto y las reducciones; confirma que los ingresos por sistemas de responsabilidad ampliada y materiales se hayan considerado en el cálculo.
Normativa y fuentes: Ley 7/2022, arts. 11.1–11.5: costes y financiación de residuos · TRLRHL, art. 20: hecho imponible de las tasas · TRLRHL, art. 23: sujetos pasivos · TRLRHL, art. 24: cuota y límite de coste · TRLRHL, art. 25: informe técnico-económico