El recurso contencioso-administrativo permite solicitar a los tribunales que revisen una resolución tributaria que pone fin a la vía administrativa o económico-administrativa. Para un acto expreso, el plazo general es de dos meses desde el día siguiente a su notificación o publicación. La presentación ante el tribunal no debe confundirse con una suspensión automática del cobro: puede ser necesario pedir medida cautelar o mantener la suspensión administrativa de acuerdo con sus requisitos.
La LJCA recoge también un plazo de seis meses para actos presuntos, pero el cómputo y su aplicación dependen del tipo de procedimiento, del sentido del silencio y de la jurisprudencia. En las reclamaciones económico-administrativas, la LGT permite considerar desestimada la reclamación al transcurrir el plazo para resolver a efectos de avanzar a la vía siguiente, sin liberar al tribunal administrativo de su obligación de dictar resolución. Por eso, antes de judicializar un silencio, hay que calcular el plazo a partir de la normativa y del expediente concretos.
La jurisdicción competente, la necesidad de abogado y procurador y el cauce procesal dependen del órgano que dictó el acto, la materia y la cuantía. La demanda debe convertir las objeciones administrativas en motivos jurídicos y probatorios ordenados, y explicar qué anulación, devolución o reconocimiento se solicita.
Ejemplo práctico: una entidad recibe una resolución expresa del TEAR el 18 de septiembre y pretende acudir a la vía judicial. Debe computar el plazo general desde el día siguiente, comprobar si existe una vía extraordinaria o un recurso de alzada pendiente y gestionar separadamente la suspensión de la deuda.
Puntos de control: confirma que el acto agota la vía administrativa; calcula el plazo de dos meses para una resolución expresa; no asumas que acudir al juzgado suspende el pago; revisa tribunal competente y representación procesal; ordena el expediente y la prueba antes de demandar.
Normativa y fuentes: Ley 29/1998, arts. 25 y 46: actos recurribles y plazo · LGT, art. 240: plazo de resolución económico-administrativa