La Administración no puede imponer una sanción tributaria sin tramitar el procedimiento sancionador correspondiente. Como regla general, este procedimiento se tramita separadamente del procedimiento de gestión o inspección, salvo renuncia expresa del obligado o supuestos específicos como las actas con acuerdo. El acuerdo de inicio debe identificar los hechos atribuidos y el procedimiento, y la propuesta debe permitir conocer la infracción y la sanción que se pretende imponer.
El interesado puede formular alegaciones y aportar pruebas. El plazo general para alegar frente a la propuesta sancionadora es de quince días. La resolución debe identificar los hechos probados, las pruebas valoradas, la infracción, la persona responsable, la cuantía y los criterios de graduación y reducción.
El procedimiento sancionador debe concluir, como regla general, en seis meses desde la notificación de inicio, con las especialidades legales. La caducidad impide continuar ese procedimiento y, por regla general, impide iniciar otro sancionador por los mismos hechos una vez caducado. Comprueba tanto la fecha de inicio como la de notificación de la resolución.
Ejemplo práctico: tras una comprobación de IVA, la sociedad recibe una propuesta de sanción de 4.000 euros. Aunque exista una liquidación, debe abrirse o documentarse la fase sancionadora y el contribuyente puede presentar alegaciones específicas sobre culpabilidad, hechos y cálculo de la multa.
Puntos de control: comprueba que existe acuerdo de inicio; separa alegaciones a la liquidación de alegaciones a la sanción; revisa el plazo de quince días y el máximo de seis meses; pide copia de las pruebas; impugna cada criterio de graduación que no se motive.
Normativa y fuentes: LGT, arts. 208–211: procedimiento sancionador · Real Decreto 2063/2004: Reglamento sancionador tributario