El acta resume las actuaciones, hechos, fundamentos y propuesta de regularización. Puede ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. Firmar en conformidad expresa la aceptación de la propuesta en los términos legales; no es una simple confirmación de haber recibido el documento. La firma con acuerdo exige requisitos específicos y se reserva a controversias que encajan en la ley, como ciertos supuestos de valoración o apreciación de hechos.
En el acta de disconformidad se puede presentar escrito de alegaciones dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se entiende formalizada el acta, conforme al procedimiento. La Administración resolverá después. En conformidad, si el órgano competente no notifica una rectificación en el plazo legal, se produce el efecto previsto para la propuesta. El contenido exacto del acta, la liquidación y el pie de recursos debe revisarse antes de decidir.
Las actas con acuerdo y de conformidad pueden dar lugar a reducciones de sanción, pero tienen consecuencias diferentes. El acta con acuerdo no puede impugnarse en vía administrativa; la impugnación judicial tiene los efectos legales sobre la reducción aplicada. Una reducción económica no compensa necesariamente renunciar a discutir una regularización mal calculada o jurídicamente discutible.
Ejemplo práctico: una empresa recibe un acta que incrementa la base imponible en 30.000 euros. Antes de firmar en conformidad, calcula la cuota, los intereses y la sanción probable, contrasta las pruebas y compara ese coste con el riesgo y los efectos de formular disconformidad.
Puntos de control: separa la firma de recepción de la aceptación del contenido; verifica hechos, períodos y cálculos; compara las tres modalidades de acta; controla los quince días para alegar en disconformidad; calcula el efecto de las reducciones y de un eventual recurso.
Normativa y fuentes: LGT, arts. 153–157: contenido y clases de actas · LGT, art. 188: reducciones de sanción