La Inspección puede examinar declaraciones, libros, registros, facturas, contratos, justificantes y otros documentos con trascendencia tributaria. El contribuyente tiene derecho a conocer el estado del procedimiento, identificar a los funcionarios responsables, acceder al expediente en los términos legales, formular alegaciones y no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración cuando los identifique adecuadamente.
El plazo general máximo de las actuaciones inspectoras es de dieciocho meses. Puede ser de veintisiete meses en los supuestos legales, por ejemplo, si la cifra anual de negocios alcanza el umbral de auditoría de cuentas o la entidad está en determinados regímenes de grupo sometidos a comprobación. El plazo aplicable debe comunicarse al inicio. Suspensiones y dilaciones se rigen por reglas específicas y deben revisarse en el expediente.
La entrada en locales de negocio se somete a las facultades que establece la ley. Para entrar en un domicilio constitucionalmente protegido se requiere consentimiento del titular o autorización judicial, en los términos legales. Conviene preparar un espacio de trabajo, entregar copias indexadas y documentar cada requerimiento, entrega y manifestación en diligencia.
Ejemplo práctico: una inspección con plazo general de dieciocho meses comienza el 10 de enero. El equipo fiscal controla esa fecha, registra las diligencias y revisa las suspensiones que la Administración atribuya a la sociedad. El plazo no se calcula simplemente contando meses si existen incidencias legales que afecten al cómputo.
Puntos de control: crea un índice de documentos y períodos; conserva copia idéntica de lo entregado; solicita acceso al expediente cuando sea necesario; comprueba el plazo de 18 o 27 meses comunicado; revisa actas y diligencias antes de firmarlas.
Normativa y fuentes: LGT, arts. 34, 99, 142 y 150: derechos, facultades y duración · Constitución Española, art. 18.2: inviolabilidad del domicilio · Real Decreto 1065/2007: procedimiento inspector