La Administración puede comprobar el valor declarado mediante los medios previstos en la LGT, como capitalización, precios medios, cotizaciones, dictamen pericial u otros métodos legalmente admitidos. La propuesta debe identificar el método utilizado y explicar los datos y criterios que conducen al valor comprobado. Un desacuerdo genérico con el precio no suele bastar: hacen falta comparables, estado del inmueble, cargas, uso, fecha y demás elementos que expliquen la diferencia.
La tasación pericial contradictoria (TPC) es un procedimiento específico para discutir determinados valores. La solicitud debe formularse dentro del plazo del primer recurso o reclamación contra la liquidación basada en la comprobación; su solicitud puede suspender la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrir, en los términos legales. No debe confundirse con la impugnación del valor de referencia catastral, que tiene reglas y cauces propios en tributos como ITP, ISD o determinados actos jurídicos documentados.
Ejemplo práctico: una compraventa se escrituró por 250.000 euros y la Administración propone un valor de 310.000 euros. La diferencia discutida es 60.000 euros, pero el impuesto adicional dependerá del tributo y tipo aplicable. Un informe que documente reformas necesarias, estado real y comparables de la fecha de transmisión puede ser más útil que aportar únicamente una oferta posterior de venta.
Puntos de control: identifica el método de valoración y su motivación; revisa superficies, uso, estado y fecha; reúne tasación y comparables; controla el plazo para TPC o recurso; separa la comprobación de valores del valor de referencia catastral.
Normativa y fuentes: LGT, arts. 57, 134 y 135: comprobación y TPC · Real Decreto 520/2005, arts. 161–162: tasación pericial contradictoria · Catastro: valor de referencia