La comprobación limitada es un procedimiento de gestión para verificar hechos, datos y elementos de una obligación tributaria dentro de un alcance concreto. La comunicación de inicio debe identificar su naturaleza y alcance. La Administración puede revisar declaraciones, justificantes, facturas y registros tributarios en los términos legales, y puede examinar la contabilidad mercantil para contrastarla con la información que ya conoce o ha obtenido legítimamente.
No equivale a una inspección general. Como regla, sus actuaciones se realizan en las oficinas administrativas; existen excepciones legales para determinadas comprobaciones. La resolución debe señalar qué obligación y período se han revisado, qué actuaciones se realizaron, qué hechos y fundamentos justifican la decisión y si procede una liquidación provisional.
El plazo máximo ordinario de resolución es de seis meses, salvo que una norma establezca uno distinto, y puede verse afectado por interrupciones o retrasos legalmente computables. Una resolución firme limita una nueva regularización sobre el mismo objeto, excepto si aparecen nuevos hechos o circunstancias procedentes de actuaciones distintas. Por eso hay que leer con cuidado el alcance exacto y el cierre del expediente.
Ejemplo práctico: la Administración revisa el IRPF de 2024 y únicamente la deducción de determinados gastos. Que cierre esa comprobación no significa automáticamente que todos los elementos de la declaración hayan sido comprobados; la resolución delimita qué se ha revisado y qué efecto tiene.
Puntos de control: conserva la comunicación de inicio; comprueba impuesto, período y alcance; diferencia requerimientos documentales de una inspección; examina la motivación de la resolución; revisa si se agotó el plazo legal.
Normativa y fuentes: LGT, arts. 136–140: comprobación limitada · LGT, art. 104: plazo máximo · Real Decreto 1065/2007: reglas de gestión