La propuesta de liquidación comunica una regularización que la Administración plantea, pero normalmente todavía no es la liquidación definitiva. El trámite de audiencia permite consultar el expediente, conocer los cálculos y presentar alegaciones antes de que se dicte la resolución. En procedimientos tributarios, el plazo ordinario de audiencia o alegaciones no será inferior a diez ni superior a quince días, salvo que una norma especial disponga otra cosa.
Compara la propuesta con la declaración presentada y con los documentos del expediente. Comprueba la base, el tipo, las deducciones rechazadas, las fechas, los intereses y el precepto aplicado. Una alegación eficaz no se limita a decir que el cálculo es injusto: identifica el hecho incorrecto, señala la prueba y explica cómo cambia la liquidación. Si la Administración ha usado datos de terceros, pide conocer el expediente y contrasta que correspondan a la operación y al contribuyente.
La liquidación que se notifique después tendrá su propio plazo de pago y su propio pie de recursos. Las alegaciones no son un recurso contra una liquidación definitiva, por lo que no conviene esperar a una fase posterior para aportar pruebas que ya pueden presentarse ahora.
Ejemplo práctico: la propuesta añade 1.200 euros de gastos a la base imponible al considerar que no están justificados. Si el contribuyente aporta contrato, factura y transferencia por ese importe y explica la relación con la actividad, la Administración deberá valorar esa prueba antes de resolver. Si solo discrepa verbalmente, deja sin contestar el punto determinante.
Puntos de control: pide o descarga el expediente; revisa cálculos y fundamentos por separado; contesta dentro del plazo; aporta prueba identificada; guarda las alegaciones y el recibo electrónico.
Normativa y fuentes: LGT, arts. 99 y 102: audiencia y liquidaciones · Real Decreto 1065/2007, art. 96: alegaciones y documentos